Al poeta chipionero, José Miranda de Sardi, no le dejó tranquilo el franquismo ni después de muerto. Así lo avala la documentación del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, quien lo estuvo investigando por masón hasta 1948, doce años después de su muerte.
El poeta, periodista y político chipionero José María Miranda de Sardi fue fusilado por el las tropas franquistas en el verano de 1936 cuando se hallaba preso en la cárcel barco Miraflores en Cádiz. Allí había participado en la fundación del Partido Sindicalista, llegando a ser uno de los dirigentes más activos de la formación; siendo concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital, y secretario particular del gobernador civil Mariano Zapico. A pesar de llevar varios años fallecido, a Miranda de Sardi se le abre un expediente por pertenencia a la masonería en 1940. La Iglesia condenó la masonería a finales del siglo XIX a través del Papa León XIII, con lo cual tras el golpe militar, basado en el nacional catolicismo, la masonería se convierte en un enemigo más del Régimen.
En 1940 se hace oficial y se criminaliza con la promulgación de la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería. Se le culpabiliza de todos los males históricos de España:
“de la pérdida del Imperio Colonial español, la cruenta guerra de la Independencia, las guerras civiles que asolaron España durante el pasado siglo (guerras carlistas del siglo XIX) y en las perturbaciones que acarrearon la caída de la monarquía constitucional y minaron la etapa de la dictadura (de Primo de Rivera)”.
Esta Ley es otra vuelta de tuerca más de control ideológico y de sometimiento a los vencidos de la Guerra Civil y para juzgar estas cuestiones se creó el Tribunal Especial para la Represión del Comunismo y la Masonería. La Dirección Nacional de Seguridad comienza a recabar toda la información posible para esclarecer la pertenencia de José María Miranda de Sardi en la masonería. Uno puede preguntarse cuál es la finalidad de estas acciones, qué pueden sacar de una persona ya fallecida, pero vamos a poner un ejemplo de lo sucedido con otros vecinos de Chipiona para que veamos hasta donde podían llegar.
Por ejemplo, Enrique Espinosa Zaldúa: fue concejal del Frente Popular de Izquierdas por el Partido Unión Republicana justo antes del golpe y asesinado en el verano de 1936. Después de su muerte le embargaron sus bienes al aplicarle la Ley de Responsabilidades Políticas creada en 1939. Teniendo en cuenta estos antecedentes y que el artículo 2º de la Ley de Represión de la Masonería también establecía el embargo de bienes, no sería de extrañar que ese fuera uno de los fines que se perseguía: el botín de guerra. El expediente no se reabre hasta 1947 cuando el Tribunal recibe documentación procedente de Salamanca, valiéndose de una solicitud que José María había presentado en una logia de Cádiz el 17 de mayo de 1934, y de una lista de masones publicada en septiembre de 1936 en el Diario de Cádiz y en el Boletín Oficial de la Provincia. La ficha de solicitud es de ingreso en la logia masónica Hermano Vigor de Cádiz, fechada en 1934 y dice:
“José Miranda de Sardi, religión ateo, de 35 años de edad, nacido en Chipiona (Cádiz), de estado casado, de profesión periodista obrero; domicilio Pósito Pescador de Barbate. Trabaja en la Secretaría de dicho Pósito.”
La foto, publicada en el diario El Progreso, recoge una cena del Partido Sindicalista donde estaba Miranda.
El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo le considera vivo y se le sigue investigando. Ya saben que es de Cádiz, y en febrero del 1947 piden informes a Cádiz de su paradero o fallecimiento. En marzo del mismo año la Comisaría de Policía informa al Juzgado que “José Miranda de Sardi, nacido en Chipiona(Cádiz),en el año 1899, casado, periodista, hijo de José y Francisca, que tuvo su domicilio en esta capital, falleció al oponerse al G.M.N”.(Glorioso Movimiento Nacional). Toda esta información la detalla el Juez Instructor para conocimiento del Tribunal.
A pesar de la información anterior, a los dos meses el Tribunal solicita el certificado de defunción de Miranda de Sardi al Juzgado Municipal de la capital gaditana, que contesta que “en la fecha que indica no aparece inscrito en este Registro Civil”.
Ni las propias autoridades saben qué ha sido de él. Aun así continúan con el expediente hasta que en 1948, quizás pensando que pueda estar desaparecido, deciden el sobreseimiento del caso que dice así:
“Por dada cuenta y no apareciendo documentalmente acreditado el fallecimiento del encartado, archívese hasta tanto no aparezcan nuevos datos”.
Viendo esta resolución, cabría preguntarse: si estos datos aparecen, quizás podría reabrirse el caso para investigar el paradero de Miranda. El tribunal no pudo ni documentar su muerte ni su pertenencia o no a la masonería. Lo que sí está claro es que el régimen franquista no quiso paz después del golpe, sino represión a todos los niveles, y que no dejó de juzgar ni siquiera a los muertos.