La justicia está actuando con firmeza y en Chipiona se ha creado una plataforma ciudadana contra los derribos. La situación es dramática, pero sirve como advertencia para posibles casos futuros. Ya no es una cuestión política. Ahora la justicia es la que ha tomado cartas en el asunto y los casos de multas, cárcel o derribos son cada vez más frecuentes.
Actualmente sobre las viviendas ilegales se cierne un oscuro paraje sin salida, no sólo en nuestro municipio, sino en todos los pertenecientes a la comunidad autónoma de Andalucía. Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, la situación jurídica de las construcciones sin posibilidad de obtener licencia, por encontrarse en suelo no urbanizable o de especial protección y no reunir lo requisitos necesarios para la obtención de la misma, se ven inmersos en un procedimiento judicial contra el Ministerio Fiscal que no resulta en absoluto plato de buen gusto ni para el más valiente de los humanos.
A día de hoy, en nuestro municipio numerosas personas se han visto en la obligación de formar una plataforma antiderribo para intentar solucionar, en la medida de sus posibilidades, la situación jurídica a la que se enfrentan. Ya no vale aquello de “pago la multa en el ayuntamiento, me dan mi luz, mi agua y se acabó”. Ahora la ley actúa con más fuerza que nunca desde que el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher se propuso impulsar una aplicación más estricta del Código Penal. Quería frenar la especulación urbanística y lo ha dejado bien claro ante los medios: ”Hay que demoler las viviendas ilegales”.
Este objetivo viene determinado por la obligada remisión de determinados expedientes de infracción urbanística de los ayuntamientos al Ministerio Fiscal, puesto que la construcción en suelo no urbanizable o de especial protección puede ser constitutiva de un delito contra la ordenación de territorio. Así queda tipificado en el art.319 del Código Penal y de conformidad con lo establecido en el art.195.4 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía debe remitirse el expediente al Ministerio Fiscal, suspendiendo la instrucción del procedimiento hasta el pronunciamiento de la autoridad judicial. Por tanto, volvemos a comprobar que el hecho de hacer hoy día una vivienda ilegal en suelo rústico son “palabras mayores” a la hora de enfrentarse a un problema que a día de hoy le ha quitado el sueño a más de uno. Así reza el artículo 319 del Código Penal:
1. Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.
3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
La solución del problema ya no está en manos de la política. Ahora está en manos de la justicia. La vía penal es la que va a operar por mucho que el concejal o el alcalde de turno quisieran intervenir. Con ello se pone de manifiesto que el problema de las construcciones ilegales no son sólo culpa del ciudadano infractor. Las distintas políticas de permisividad a lo largo de los años ha creado una cultura nefasta para el futuro de nuestra población. ¿Acaso no entiende cualquier persona que el desarrollo ordenado de un entorno urbanístico es una apuesta de futuro y que las viviendas sin orden ni control, con calles normalmente estrechas y de dudoso aspecto lo único que denotan es una sociedad tercermundista?¿acaso no se hecha de menos esos paseos con el coche, que tanto nos gusta a los chipioneros, o en bici por los caminos rurales en el que se observaba la vegetación de grandes fincas?. Y no el autentico mamarracho de núcleos de población en muchos casos de segunda residencia (¡menudo turismo!) ¿Acaso no es injusto que unos paguen su licencia de obras e impuestos varios adecuándose por fuerza a unas normativas urbanísticas que en muchas ocasiones va en contra de lo que desearíamos mientras otras personas se libran de ello?. Y de las tres piedras ¿Qué opinan? ¿ Acaso no es eso injusto para este pueblo? ¿ Por qué se ha puesto urbanizable tremendo desorden cuando la justicia en su día nos dio la razón y dictaba sentencia a favor del ayuntamiento para demoler numerosas viviendas de aquella zona chabolista que lo único que hace es perjudicar a nuestro turismo, nuestra economía y nuestra seguridad? ¿ Por qué en vez de ello no tenemos una bonita urbanización con turismo ordenado y de calidad? ¡Cuánto podíamos haber ganado si el día que vinieron las máquinas a demoler las viviendas de las Tres Piedras con los antidisturbios no se hubieran acongojado los políticos que en aquel entonces tenían la sartén por el mango!.
A la pregunta de: ¿por qué la mayoría de las personas que están viéndose inmersas en un proceso judicial lamentable son chipioneros y los propietarios de segunda residencia no? La respuesta está muy clara: mientras se ha puesto las tres piedras como suelo urbanizable sectorizado hay otros núcleos de población de primera residencia de chipioneros que siguen siendo suelo no urbanizable , lo que implica que según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía el Ayuntamiento está obligado a mandar a Fiscalía solo los del suelo no urbanizable. Según la oposición, la explicación oculta de porqué la zona de las tres piedras se puso como suelo urbanizable podría ser un pacto político-amistoso de cierto dueño de una o varias viviendas de la zona, afín al partido de gobierno y que muy hábilmente ha sabido camelarse a nuestros ediles políticos para desgracia de nuestro futuro. Para terminar, y siendo justos, hemos de reconocer que la culpa la tenemos todos nosotros, ciudadanos de a pie y políticos, de la situación actual en la que nos encontramos. Por si acaso, y aunque suena a cuestión de perogrullo, por si se lo están pensando, no construyan ilegalmente su vivienda, que la Audiencia ya no se anda con chiquitas. Las sentencias de derribo, tan temidas por muchos, son una realidad.
Fotografía: Manuel Jurado